El abogado Alejandro Sarubbi Benítez, uno de los referentes más activos de Las Fuerzas del Cielo, fue sancionado por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal tras insultar públicamente a los jueces de la Corte Suprema. La sanción incluyó una multa de un millón de pesos, aplicada en una causa distinta a la que lo investigó por expresiones ofensivas. Sarubbi Benítez apeló ambas resoluciones ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, donde se espera que se precise el alcance de las medidas.

La denuncia que originó el caso fue presentada en noviembre de 2024 por Marcelo Bassano, quien acusó al abogado de publicar contenido discriminatorio y exponer datos personales. En su denuncia, a la que tuvo acceso Clarín, Bassano citó publicaciones en las que Sarubbi Benítez calificó de «hijos de mil puta» a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, tras el rechazo de un recurso judicial. Entre las frases reprochadas, se destacó un mensaje que incluía la frase «La concha puta de su madre enfermos hijos de mil puta» y el comentario «No existe el ‘derecho a la esperanza’, enfermos mentales. La peor Corte de la historia humana».

El Colegio Público determinó que las expresiones no podían considerarse simples opiniones, ya que fueron difundidas desde una cuenta pública. Bassano sostuvo que los insultos violaron el código ético de la abogacía, al atacar la autoridad judicial. La sanción fue aplicada en una causa separada de la que investigó su conducta en redes sociales, donde se incluyeron expresiones misóginas y discriminadoras. La decisión generó debate sobre los límites de la libertad de expresión en el ámbito profesional.

El caso refleja la polarización en el ámbito legal y político, donde el abogado se alinea con Daniel Parisini, una figura clave del movimiento libertario. Sarubbi Benítez, conocido por su influencia en grupos de derecha, ha sido cuestionado por su postura crítica contra instituciones estatales. La sanción, si se confirma, podría marcar un precedente en el tratamiento de conductas ofensivas en el entorno judicial. La Justicia evaluará si las medidas son suficientes para sancionar su comportamiento, sin afectar el derecho a la libre expresión.

La resolución del Tribunal de Disciplina y el desenlace de la apelación pueden tener implicaciones en el tratamiento de casos similares, especialmente en un contexto donde la crítica a las autoridades judiciales es frecuente. La cuestión plantea un equilibrio entre la libertad de expresión y el respeto institucional.