La Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires rechazó el pedido de nulidad presentado por la defensa de Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez. Los magistrados determinaron que no existen elementos jurídicos para anular la investigación, lo que mantiene abierta la posibilidad de que el ex presidente responda ante un tribunal. Sin embargo, el caso ahora deberá enfrentar un retraso, ya que el juez Daniel Rafecas, quien asumió la conducción del proceso, deberá implementar nuevas medidas de prueba antes de avanzar hacia el juicio oral.

El Ministerio Público Fiscal, representado por Ramiro González, no duda en la continuidad del proceso. El organismo ya había presentado un requerimiento de elevación a juicio oral el año pasado, con el objetivo de que Fernández responda por lesiones físicas y psíquicas sufridas durante más de una década por Yáñez. La acusación incluye dos hechos de lesiones leves y un delito grave, agravados por el vínculo de autoridad y amenazas coactivas. Según la causa judicial, los hechos ocurrieron mientras Fernández era presidente, en la Quinta de Olivos, y están vinculados a la violencia de género.

La defensa, a cargo de Silvina Carreira, interpuso un planteo de nulidad contra las resoluciones del juez Julián Ercolini, quien fue desplazado en 2022 por la Cámara Federal de Casación Penal. Esa instancia confirmó el procesamiento del ex presidente, pero remitió el caso a Rafecas, quien se encuentra a punto de firmar la elevación a juicio. La defensa argumentó que el juez Ercolini no debió haber manejado el expediente, pero la Cámara Federal negó esa pretensión.

La causa se activó tras una revelación del diario Clarín, que divulgó detalles de la relación entre Fernández y Yáñez, incluyendo testimonios de terceros y registros médicos. Esta investigación, que abarca más de una década de acoso, generó un debate nacional sobre la violencia de género en el ámbito político. El retraso en el juicio, sin embargo, prolonga el suspense sobre las implicaciones para el ex presidente y su legado.

El Ministerio Público Fiscal prevé presentar la elevación a juicio oral en el 2024, aunque el retraso en las medidas de prueba podría afectar esa fecha. La decisión de la Cámara Federal no solo reafirma la vigencia de la investigación, sino que también resalta la complejidad de los procesos judiciales en casos de violencia de género, donde el equilibrio entre derechos y responsabilidades permanece en discusión.