Cristina Kirchner ha decidido recurrir a un abogado brasileño, Rafael Valim, vinculado al ex presidente Lula, para presentar un caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta decisión forma parte de un esfuerzo para anular la condena de 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. La estrategia, según fuentes legales, se basa en la misma teoría de «lawfare» que el kirchnerismo había aplicado durante el gobierno de Lula en Brasil.

La ex presidenta argentina copió varios pasos del ex colega de Brasil, incluyendo la creación del Instituto Patria, un organismo que gira en torno al Foro de San Pablo. También adoptó la idea de publicar un libro, «Sinceramente», a imagen y semejanza del de Lula, «El caso Lula». Esta alianza no solo se basa en ideologías similares, sino también en la teoría de que existen complot internacionales contra líderes populares de América Latina.

La decisión de apelar a organismos internacionales refleja la tensión dentro del sistema judicial argentino, donde el fiscal Diego Luciani ha sido criticado por supuestos vínculos con figuras del pasado, como el fútbol que jugaba en una cancha de Mauricio Macri. Los abogados de Cristina argumentan que esto muestra una pérdida de independencia judicial. Por otro lado, la inhabilitación perpetua, incluida en el Código Penal durante el kirchnerismo, se convierte en el foco de la defensa, ya que su revocación podría marcar un precedente en la interpretación de la ley.

La semana pasada, Cristina contrató a Valim para presentar el caso ante el Comité, un órgano distinto del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esta acción busca presionar a autoridades internacionales a revisar la sentencia, aunque su impacto en el ámbito judicial argentino aún es incierto. La estrategia no solo refleja el deseo de recuperar la imagen política, sino también un intento de redefinir el marco legal que rodea la administración fraudulenta contra el Estado.

La decisión de apelar a la ONU pone en evidencia las estrategias legales y políticas que se han adoptado en la región, donde la idea de «lawfare» continúa siendo un argumento recurrente. La inhabilitación perpetua, incluida durante el kirchnerismo, se convierte en un punto clave, lo que resalta la complejidad de la interacción entre el derecho interno y las instituciones globales.