La expresidenta Cristina Kirchner integró a Rafael Valim, abogado del actual mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, en el equipo que desarrolla una estrategia para impugnar ante tribunales internacionales la condena de seis años que le impuso la Justicia argentina en la causa Vialidad. Valim, graduado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP) y con más de dos décadas de experiencia en derechos humanos, trabajará junto al abogado español Javier Borrego, quien fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La estrategia busca cuestionar la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), ratificada luego por la Corte Suprema, que condenó a Cristina Kirchner a prisión y inhabilitación permanente. «Firmemente convencido de que sufrió graves violaciones de derechos humanos», Valim aseguró al medio brasileño Metropoles que su equipo intentará «revertir en los tribunales» el castigo, que considera injusto. El abogado destacó su participación en causas internacionales y su libro «Lawfare: una introducción», coescrito con otros juristas destacados.

La causa Vialidad, que involucra acusaciones de sobornos en obras públicas, se volvió un foco de controversia tras la condena de Cristina Kirchner, que fue rechazada en 2023 por la Corte Suprema en un planteo sobre la confiscación de bienes. Ahora, la defensa busca abordar la sentencia desde una perspectiva transnacional, aprovechando el marco legal de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional. Valim y Borrego diseñarán el plan en una reunión prevista en Buenos Aires, donde se anunciará la estrategia en detalle.

El desafío legal enfrenta barreras, ya que la jurisdicción argentina y los tratados bilaterales limitan la acción de organismos internacionales. Sin embargo, la defensa argumenta que la condena viola principios fundamentales como la imparcialidad judicial y el derecho a un juicio justo. La estrategia refleja la continuidad de la disputa judicial en torno a la expresidenta, que ha sido investigada por múltiples casos de corrupción durante su gestión.

La estrategia busca revertir la sentencia mediante mecanismos internacionales, aunque enfrenta desafíos en el marco de la jurisdicción argentina y los tratados bilaterales vigentes.