Dos de cada tres préstamos irrecuperables están en billeteras virtuales

La crisis de la deuda familiar se agudiza en Argentina, donde el 28% de quienes tienen morosidad (más de 90 días de atraso) paga a entidades no bancarias, como billeteras virtuales o préstamos a sola firma. Esta cifra supera al 12,8% de los deudores que recurren a bancos, según datos del Banco Central procesados por EcoGo. La brecha se explica en parte por las tasas de interés, que en promedio triplican la inflación, convirtiendo a estas plataformas en un riesgo para los hogares más vulnerables.

El fenómeno afecta especialmente a jóvenes y monotributistas, que enfrentan salarios estancados y un costo de vida disparado. En zonas como el noroeste provincial y el Gran Buenos Aires, la situación se intensifica por la falta de alternativas de crédito asequible. Muchos optan por pagar primero a bancos, donde las tasas son más bajas, y dejan para último momento los pasivos con plataformas digitales. «El problema es que no tienen donde elegir», dice un analista, al referirse a los casos donde el acceso a créditos es limitado.

Las billejeiras virtuales, por su parte, ofrecen servicios más flexibles pero con condiciones riesgosas. La mayoría de sus clientes son personas con ingresos bajos que no cuentan con opciones tradicionales. En este contexto, la morosidad se vuelve un espejo de la precariedad laboral: el 20,9 millones de argentinos que tienen líneas de crédito activas enfrentan una crisis de pago que se profundiza con cada mes. El Banco Central estima que casi 5,8 millones están en mora, lo que equivale al 28% de quienes usan estas plataformas.

La situación ha generado un debate entre autoridades y expertos. Mientras algunos piden regulaciones más estrictas para evitar que las plataformas operen sin supervisión, otros alertan sobre el riesgo de un colapso sistémico si no se actúa rápido. La falta de respuestas concretas deja a miles de familias atrapadas en un ciclo de deuda que parece no tener salida.

El gobierno enfrenta un desafío urgente para evitar que la crisis deuda se convierta en un problema social mayor, especialmente en zonas con menor acceso a crédito formal.