La Corte Suprema rechazó el recurso del Ejecutivo, poniendo en marcha la ley de financiamiento universitario. El fallo, que sorprende a las tres universidades más grandes del país, ha generado especulaciones sobre una trama política-judicial. Fuentes cercanas a la interna del máximo tribunal vinculan la decisión con la presencia del ministro Ricardo Lorenzetti en un programa de televisión.

Lorenzetti, ex titular de la Corte desplazado por Horacio Rosatti, habló sobre «rumores» de reuniones con Javier Milei. Durante la entrevista, minimizó la demora en la resolución del conflicto universitario, admitiendo que Rosatti le notificó un acuerdo entre el gobierno y las instituciones. Esta confesión, según algunos analistas, activó el fallo del jueves.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez cuestionó la prudencia de Lorenzetti, señalando que su intervención «contraviene la neutralidad judicial». Otras fuentes apuntan a un «rumor» que relaciona a Lorenzetti con Milei, aunque no se confirmó. La decisión, sin embargo, refleja una tensión entre el Poder Ejecutivo y las instituciones educativas.

El fallo resalta la complejidad del conflicto universitario y deja en claro la influencia de actores políticos en el ámbito judicial. Las instituciones y el gobierno enfrentan un nuevo desafío en la implementación de la ley.