Pacto entre aliados para salvar el proyecto de propiedad

El oficialismo, tras semanas de tensiones, logró un acuerdo en la Cámara de Senadores para postergar el tratamiento del Capítulo III del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. La decisión, adoptada por «unanimidad entre los integrantes del espacio», busca evitar que el texto se quede en el torno de la Cámara y pierda fuerza. El capítulo, que modificaba la Ley de Tierras y permitía la compra de tierras rurales por extranjeros, fue objeto de más de 15 ajustes durante las negociaciones. La postergación no implica su eliminación, pero algunos aliados ya lo consideran resuelto.

Comercio exterior y límites a la compra de tierras

La negociación clave fue el porcentaje de tierras que pueden ser vendidas a extranjeros. La Casa Rosada había propuesto elevar el límite del 15 % al 25 %, una medida que buscaba reducir el impacto del proyecto original, que permitía la compra total de tierras rurales sin restricciones. Sin embargo, los bloques dialoguistas, incluyendo a La Libertad Avanza y el PRO, exigieron una solución intermedia. La postergación del capítulo permitirá al gobierno retomar el debate en un momento más favorable, aunque no resuelve el conflicto entre los intereses de los productores y los inversores extranjeros.

La presión de la oposición y la fragilidad del consenso

Patricia Bullrich, jefa del oficialismo en la Cámara alta, admitió que el proyecto enfrentaba dificultades para reunir apoyos. Durante la reunión urgente convocada el martes, la líder del oficialismo anunció el acuerdo, pero solo contó con el apoyo de figuras como Agustín Coto y Nadia Márquez de La Libertad Avanza. El desgaste en el oficialismo refleja la división interna entre aquellos que priorizan el control sobre la tierra y quienes buscan acelerar la apertura al mercado internacional. La postergación del capítulo no solo evita un revés parlamentario, sino que también da tiempo al gobierno para reforzar su postura ante la oposición.

El impacto en la economía y el campo

La reforma agraria ha sido un punto de fricción entre el gobierno y los sectores productivos. La postergación del capítulo permite al Ejecutivo reevaluar su estrategia, aunque no resuelve el debate sobre el control de las tierras. Expertos advierten que la ambigüedad en el texto podría generar incertidumbre para inversores y productores. A la vez, los productores locales denuncian que la apertura al mercado extranjero podría beneficiar a grandes grupos agrícolas, mientras que pequeños productores quedan en desventaja. La decisión refleja la necesidad de equilibrar intereses, pero también la fragilidad de un acuerdo que depende de la voluntad de los aliados.

¿Qué viene después? La lucha por el consenso

El gobierno enfrenta la tarea de reconstruir el consenso dentro del oficialismo y reabrir el debate en la Cámara de Senadores. La postergación del capítulo no elimina el conflicto, pero da espacio para negociar un texto que combine las demandas de los inversores y los intereses locales. La presión por el resultado electoral en las provincias podría influir en el ritmo de los debates. Mientras tanto, la oposición sigue monitoreando el proceso, buscando aprovechar la división interna para limitar el impacto de la reforma.

La postergación del capítulo más cuestionado de la reforma agraria marca un giro en el debate, pero no resuelve el núcleo del conflicto. El gobierno deberá navegar entre presiones internas y externas para asegurar el paso del proyecto, mientras los sectores agrarios y los inversores esperan una salida que equilibre los intereses en juego.