El Ministerio de Educación, a través del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificó este miércoles que las universidades nacionales pueden cobrar a estudiantes extranjeros en el marco del DNU 3,66/2025. La medida, que entró en vigencia el 28 de mayo, autoriza a las instituciones a establecer tarifas para internacionales, un tema que ha generado controversia en el debate público. Álvarez destacó que los rectores están «legalmente autorizados» a implementar la política, tras recibir múltiples consultas sobre su aplicación.

La decisión surge en un contexto de polarización política, tras las críticas a la Argentina por la situación económica y social. El gobierno de Javier Milei, que promovió la norma como parte de su agenda de austeridad, argumenta que el cobro a extranjeros fomentará la inversión en educación y generará recursos para reforzar la infraestructura universitaria. Sin embargo, el anuncio fue recibido con descontento en sectores que consideran que la medida afecta la inclusión académica.

El DNU 366/2025, vigente desde mayo, no impone un monto fijo para las tarifas, dejando la decisión a cada universidad. Según fuentes del sector, algunas instituciones ya han comenzado a aplicar precios que oscilan entre el 50% y el 100% de los costos nacionales. La medida también fue criticada por partidarios de la educación gratuita, quienes denuncian que el gobierno prioriza el retorno de recursos en lugar de garantizar acceso universal.

Mientras, el escenario político se complica con el regreso de Mauricio Macri, quien llegó al país tras participar en el Mundial. El exmandatario, que lidera una encuesta electoral con fuerza, ha comenzado a movilizar su base en el AMBA, donde se espera un debate sobre las propuestas de Milei. Por otro lado, el acuerdo salarial entre la UTA y empresas de colectivos, que evita un paro en el transporte, muestra una brecha entre las prioridades del gobierno y la realidad de los sectores más vulnerables.

La ratificación del DNU 366/2025 refleja la consolidación de la agenda económica del gobierno, aunque enfrenta resistencia en sectores clave. La medida, junto a otros anuncios, define el rumbo de políticas públicas en un contexto de tensiones internas y desafíos sociales.