El Senado volvió a rechazar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, cuarta vez que se frustra su aprobación tras la falta de consenso con el radicalismo y legisladores vinculados a gobernadores provinciales. La iniciativa, que busca proteger tierras rurales de compras extranjeras, no logró mayoría para el trámite de media sanción. La jefa del oficialismo en la Cámara alta, Patricia Bullrich, solicitó un cuarto intermedio para la sesión del jueves, tras el receso invernal, al no haberse alcanzado un pacto.

La tensión surgió por un artículo modificado en la versión 15 del texto, impulsado por un sector del radicalismo y la salteña Flavia Royón, allegada al gobernador Gustavo Sáenz. El artículo permite que las provincias establezcan su propio régimen de venta de tierras rurales a extranjeros, un punto que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, rechazó públicamente. Según fuentes legislativas, Sturzenegger alertó a Bullrich tras el triunfo del seleccionado argentino en el Mundial 2026, advirtiendo que no aceptaría la alteración.

La discrepancia generó roces internos en el gabinete. Bullrich se mostró molesta por la notificación del rechazo de Sturzenegger el mismo día de la sesión, lo que complicó la negociación. El ministro desregulador insistió en que las provincias no deben dictar su propio reglamento, un enfoque que contrasta con la postura de sectores dentro del oficialismo. La situación se agravó con la ausencia de tres senadores del oficialismo, incluyendo a Carlos Espínola y Andrea Cristina, quienes podrían votar a favor de la oposición, aunque Espínola firmó el dictamen en disidencia.

El retraso refleja la división entre el oficialismo y sectores de la derecha, que ven en el proyecto una herramienta para controlar la propiedad rural. La postergación también pone en evidencia la frágil alianza entre el gobierno y los gobernadores, cuyo apoyo es clave para impulsar la norma. Sin una mayoría sólida, el proyecto sigue en un limbo legal, con el riesgo de volver a ser abocado al debate en la próxima legislatura.

La postergación de la ley deja abierta la posibilidad de una nueva negociación, pero también pone de manifiesto las tensiones dentro del oficialismo y la dificultad para alinear intereses con gobernadores y partidos aliados. El escenario sigue incierto, con el retraso como consecuencia de una lucha por el control de la propiedad rural en el país.