Los senadores de La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires presentaron un proyecto para derogar dos leyes sancionadas en 1998 que crearon una oficina de promoción de inversiones en Miami, Estados Unidos. La iniciativa, impulsada por el senador Matías De Urraza, busca eliminar la normativa que, aunque promulgada durante la gobernación de Eduardo Duhalde, nunca se materializó en una institución física ni operativa.

La ley 12.221, que declaró de interés provincial la dependencia, y la 12.222, que estableció una comisión para su implementación, son cuestionadas por su falta de relevancia en la actualidad. El proyecto argumenta que la permanencia de estas normas no responde a las necesidades económicas de la provincia, especialmente en un contexto de restricciones presupuestarias y desafíos para garantizar servicios públicos. «Ordenar y hacer más eficiente el Estado provincial es una condición necesaria para aliviar la carga impositiva sobre los bonaerenses», sostuvo De Urraza en su justificación.

El bloque político sostiene que la propuesta no niega la importancia de promover inversiones, sino que cuestiona la continuidad de estructuras estatales obsoletas. Desde la oposición, se destacó que la oficina en Miami, nunca creada, podría haber sido un símbolo de «turismo político» en el pasado. Sin embargo, la iniciativa también resalta que, bajo la gestión de Axel Kicillof, la provincia enfrenta limitaciones que hacen innecesaria la existencia de organismos sin actividad real.

La propuesta busca redefinir la forma en que la provincia promueve inversiones, priorizando estrategias más efectivas y alineadas con su situación fiscal. En los últimos años, la provincia ha reducido su presencia en organismos internacionales y ha reorientado recursos hacia áreas de mayor impacto social, como la educación y la salud. La eliminación de la norma, si se aprueba, podría marcar un hito en la reorganización del Estado provincial, aunque su trámite en la Cámara Alta y en el Congreso nacional sigue en fase preliminar.

La derogación de estas leyes, si se materializa, podría generar ahorro en gasto público y permitir una reasignación de recursos hacia servicios esenciales. Sin embargo, la medida sigue debatiéndose en el ámbito político, con críticas sobre su impacto en la promoción de inversiones estratégicas.