El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso la identificación de los titulares de 25 billeteras de criptomonedas vinculadas al escándalo de $LIBRA, en un avance judicial que busca esclarecer el destino de los fondos que quedaron en manos de los creadores tras el fracaso del token. La orden se basó en un informe del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal, que rastreó movimientos de dólares digitales a lo largo de distintas redes desde mayo de este año.

La investigación se enmarca en la causa que investiga la gestión de activos de los creadores de $LIBRA, cuya cotización subió bruscamente en la noche del lanzamiento promovido por Javier Milei, solo para caer a pique minutos después. Según el propio Hayden Davis, uno de los responsables del token, se estima que le quedaron cerca de 110 millones de dólares tras la operación. El juez reconstruyó los movimientos de dinero de ocho billeteras llamadas «Libra Team», que estuvieron ligadas a la creación y retiro de fondos de los inversores.

Un dato clave del informe es la conexión entre cuatro de esas billeteras y una única cuenta identificada como «61yk», que fue congelada por la justicia de Nueva York hace casi seis meses en el marco de una causa que investiga a Davis en Estados Unidos. Esta billetera, según el informe, movió los fondos a través de una estrategia de «pitufeo digital», un método que divide los montos en distintas billeteras para ocultar su origen. Este mecanismo, común en operaciones de lavado de dinero, complica la trazabilidad de los recursos.

La medida judicial se tomó casi simultáneamente a la decisión de excluir a los damnificados querellantes de la causa, una decisión que fue criticada por los abogados de los inversores. La Cámara Federal deberá resolver si se mantiene la exclusión, lo que podría tener un impacto directo en el desarrollo de la investigación. La falta de transparencia en la gestión de los fondos sigue siendo un punto central, especialmente tras el colapso que dejó a miles de argentinos con pérdidas millonarias.

La identificación de los titulares de las billeteras es un paso clave para esclarecer el destino de los recursos, pero el caso sigue abierto con debates legales y dificultades para rastrear el dinero. La Cámara Federal deberá decidir sobre la exclusión de los damnificados, lo que podría afectar el rumbo de la causa.