En 2014, cuando Venezuela comenzaba a hundirse en una crisis económica sin fin, el reportero llegó a La Guaira en busca de respuestas. Allí encontró a Jacqueline Zúñiga, líder de un proyecto de derechos de las mujeres. Ella, entonces, lideraba un esfuerzo para entregar apartamentos a familias marginadas, bajo el lema de un gobierno que aún creía en el «socialismo del siglo XXI». Las torres de viviendas en el este de La Guaira, construidas con recursos estatales, simbolizaban un momento de esperanza en un país que ya no lo era.

Los terremotos del mes pasado cambian todo. Dos sacudidas de tierra, de magnitudes 7.3 y 6.6, redujeron a escombros la zona costera. Las torres de Zúñiga, al igual que cientos de edificios, se convirtieron en tumbas. En las ruinas, los equipos de rescate sacaban cuerpos de entre los escombros. Más de 3.800 muertos en La Guaira, el epicentro de la tragedia. Para Zúñiga, los terremotos no solo destruyeron casas, sino también un sueño que vivió durante más de tres décadas.

Esa noche, mientras recorría la ciudad en ruinas, la activista recordaba a vecinos, amistades y enemigos políticos. En panaderías, mercados y bancos, la vida se entrelazaba. Ahora, el silencio de los edificios vacíos le recordaba que el Estado, que antes garantizaba acceso a la vivienda, se había roto. «Estos terremotos no solo destruyeron casas», decía, «destruyeron la fe en un sistema que ya no funcionaba».

La crisis económica, que arrastró a Venezuela a una hiperinflación y un colapso institucional, se vio agravada por la falta de inversión en infraestructura. Las torres, construidas con materiales precarios, eran el símbolo de una promesa fallida. Hoy, su destrucción es un testimonio de cómo la fragilidad de un modelo social se convierte en el precio de la desesperación. La Guaira, ahora, vive entre el luto y la interrogación sobre el futuro de un país que perdió el rumbo.

La tragedia de La Guaira no solo deja escombros, sino también una reflexión sobre cómo los terremotos y la crisis económica pueden desbaratar décadas de trabajo social. Con más de 3.800 muertos, la región enfrenta un largo camino de reconstrucción y reconciliación, sin dejar de lado las preguntas sobre el futuro del país.