Nicolás Maduro, el exmandatario de Venezuela, compareció este miércoles en un tribunal de Manhattan para su tercera audiencia en el caso penal que lo acusa de narcoterrorismo. El líder chavista, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, permanecen detenidos en una prisión federal de Brooklyn desde su captura en enero del año pasado. Ambos se han declarado inocentes y enfrentan una posible pena de cadena perpetua si el jurado considera que participaron en una conspiración para trasladar cocaína a Estados Unidos.

La audiencia se celebró bajo estricta vigilancia policial, ya que en las afueras del tribunal se concentraron decenas de personas que demandaron la libertad de Maduro y otras que apoyaron su detención. La tensión fue palpable, con agentes de policía desplegados para evitar enfrentamientos entre los dos grupos. En un comunicado previo, los fiscales solicitaron que el juicio se programe para junio de 2027, con mociones previas a presentarse a principios de septiembre.

El caso, iniciado en 2018, ha sido una pieza clave en la política exterior de Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump lo presentó como una «operación quirúrgica de aplicación de la ley», mientras que Maduro lo calificó de secuestro. Los fiscales sostienen que el exlíder chavista colaboró con autoridades venezolanas para facilitar el traslado de miles de toneladas de cocaína. Maduro, durante su lectura de cargos en enero, rechazó las acusaciones y se identificó como «un hombre decente, el presidente constitucional de mi país».

Su abogado, Barry Pollack, indicó que buscará impugnar la legalidad de la detención, pero aún no se ha especificado la estrategia exacta. El juicio, que podría durar varios años, representa un punto de inflexión en la relación entre Venezuela y Estados Unidos, donde la política antinarcóticos se ha convertido en un instrumento para presionar a gobiernos no aliados. La decisión del juez Alvin K. Hellerstein sobre la fecha exacta del proceso será crucial para definir el rumbo del caso.

La audiencia marcó un nuevo capítulo en un proceso que podría tener consecuencias internacionales. Con el juicio previsto para 2027, el escenario se vuelve más complejo, tanto para Maduro como para la diplomacia estadounidense en la región. La polarización en las calles de Nueva York refleja la profundidad de las tensiones entre la justicia penal y la política exterior.