El gobierno impulsará una reforma que desregula el mercado inmobiliario al eliminar la matrícula obligatoria para ejercer la actividad de corretaje. El proyecto, liderado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, busca reducir barreras de entrada y fomentar competencia.

Una de las principales medidas es la supresión del requisito de título universitario para ejercer como corredor. Además, se otorgará libertad para fijar honorarios sin límites mínimos o máximos, algo que afectará a los colegios profesionales. Sturzenegger destacó que la colegiación obligatoria “usa el poder del Estado para fijar condiciones”, definida como “aberración social”.

La reforma también permite operaciones a través de plataformas digitales, sin restricciones geográficas. Esto permitirá que personas físicas y jurídicas presten servicios desde cualquier provincia, facilitando nuevos modelos basados en inteligencia artificial, recorridos virtuales y firmas electrónicas.

La discusión enfrenta dos posturas: una que prioriza competitividad y bajo regulación, y otra que defiende la colegiación como garantía de seguridad jurídica. Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Comercio, cuestionó la supresión de controles, señalando que “la regulación no es un obstáculo, sino una herramienta para evitar fraudes”.

La propuesta busca simplificar el mercado y reducir costos, pero genera debate sobre la necesidad de controles para proteger a compradores y vendedores. El debate entre libertad y seguridad define el futuro de la reforma.

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