El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó al ex comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, a tres años de prisión en suspenso por el delito de estrago culposo, tras el hundimiento del submarino ARA San Juan en 2017. Los jueces absolvieron a tres otros oficiales, entre ellos el ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos, Héctor Aníbal Alonso. La decisión generó reacciones internas dentro de la Marina, donde un documento firmado por 90 altos mandos retirados advirtió que «la sentencia condenatoria nos llevará a un camino sin retorno en el funcionamiento de las Fuerzas Armadas».

El texto del Foro de Almirantes Retirados, liderado por el vicealmirante Eduardo Alberto Fondevila Sancet, rechazó la posibilidad de condenas penales para los oficiales juzgados. Los firmantes consideraron que el caso no debía afectar la institucionalidad militar, ya que los tripulantes del ARA San Juan «ofrendaron sus vidas con el convencimiento pleno de resguardar uno de los vitales intereses de la Nación: la soberanía argentina en el mar». El documento, internamente denominado «paper», también expresó solidaridad con las familias de los 44 marineros desaparecidos y cuestionó aspectos del proceso judicial que derivó en el juicio.

La difusión del documento generó descontento dentro de las Fuerzas Armadas y entre autoridades del Ministerio de Defensa, aunque no se registraron declaraciones oficiales sobre el fallo. Fuente cercana al entorno del ministro, el vicealmirante Raúl Eduardo Martínez, mencionó que el texto «representa una incómoda posición pública sobre lo que ocurre adentro». Aun así, se prevé que la Marina evite pronunciamientos públicos, dada la sensibilidad del tema.

El proceso judicial, que se extendió por más de cinco años, ha sido criticado por su complejidad y la falta de claridad sobre responsabilidades. Los abogados defensores de los acusados argumentaron que las autoridades no cumplían con las normas de seguridad en el manejo del submarino. Aunque Villamide fue condenado, su apelación podría alterar el resultado. La cuestión sigue siendo clave para el debate sobre la transparencia en la administración pública y el rol de la institucionalidad militar en el país.

La sentencia de Villamide no cerró el debate, ya que su apelación podría revocar la condena y mantener abierta la discusión sobre el manejo de la investigación y su impacto en la institucionalidad militar.