La decisión de Manuel Adorni de renunciar al cargo tras ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito marcó un punto de inflexión. Su salida permitió al Ejecutivo recuperar la confianza de los bloques parlamentarios y avanzar en una agenda paralizada por el escándalo. Desde su entrada a la Cámara baja, Adorni había asegurado tener los documentos al día, pero su declaración jurada reveló la omisión de más de 500 mil dólares en 2023, lo que generó tensiones.

El caso mantuvo en jaque la agenda gubernamental, especialmente desde marzo, cuando se filtró su presencia en viajes oficiales. La presión creció con la exigencia de interpelaciones contra el jefe de Gabinete, un tema recurrente en el Congreso. Aunque Milei decidió mantenerlo en el cargo, la decisión generó fricción en el oficialismo. En Diputados, Martín Menem contuvo a su bancada, pero varios legisladores insistieron en su renuncia.

El PRO y la UCR incrementaron su presión, advirtiendo que votarían la interpelación si no se daba su salida. Los gobernadores aliados también se sumaron, con la cornejista Pamela Verasay coordinando la estrategia con el PRO. La situación reflejó la fragilidad de la coalición, pero el Ejecutivo logró mantener su línea.

La renuncia de Adorn y la postura firme de Milei permitieron al Gobierno reanudar su agenda en el Congreso, aunque la presión de los aliados sigue vigente. La gestión busca ahora equilibrar el peso institucional sin comprometer su proyecto.