Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno de España, fue procesada por presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El juez Juan Carlos Peinado ordenó su comparecencia obligatoria cada quince días y la prohibición de abandonar el país.

Las acusaciones, presentadas por la organización Hazte Oír, sostienen que Gómez utilizó su rol de primera dama para impulsar su carrera profesional. La Fiscalía se opuso a las medidas cautelares, argumentando que no existía riesgo de fuga. El magistrado procesó también a su asesora, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés por los mismos delitos.

El gobierno español criticó la decisión del juez como una «persecución política» y «desproporción judicial». Desde el Palacio de la Moncloa, destacaron que el caso «carece de sentido jurídico» y «atiende a motivos políticos». El juez abrió la investigación en abril de 2024, aludiendo a negocios que Gómez pudo gestionar gracias a su posición institucional.

El caso revela tensiones entre poder político y el sistema judicial, con argumentos opuestos sobre la imparcialidad del proceso. La prohibición de salida y las medidas cautelares generan debate sobre la relación entre responsabilidad legal y influencia pública.