La Corte Suprema rechazó el recurso del Ejecutivo y exigió abonar salarios y becas a universidades públicas, con sanciones por incumplimiento. El fallo, emitido este jueves, obliga al Gobierno a cumplir la ley de Financiamiento Universitario, según el abogado Pablo Manili, quien representó al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Manili destacó que el Estado «debe pagar de inmediato» los haberes docentes y no docentes, retroactivos a diciembre de 2023, y las becas estudiantiles, en cumplimiento de la medida cautelar.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, confirmó que la universidad no se retractó de la demanda, pese a un acuerdo salarial paralelo firmado con el Ejecutivo. En ese acuerdo, los rectores y gremios nunca aceptaron retirar la causa, que ya contaba con dos fallos a su favor, en primera instancia y luego en la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó que el incumplimiento de la sentencia podría acarrear responsabilidades penales, políticas como juicio político y patrimoniales, con multas diarias sobre los bienes de los funcionarios. «El Estado no puede ignorar la ley», subrayó, al referirse a los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Corte Suprema dejó claro que el incumplimiento del fallo implicará sanciones, y las universidades exigen que el Estado cumpla con los pagos retroactivos desde diciembre de 2023.