Andrea Pochak, la comisionada argentina y actual vicepresidenta de la CIDH, fue denunciada ante el juez federal Julián Ercolini por presunto conflicto de intereses en el denominado caso Catella. La investigación busca esclarecer delitos como abuso de autoridad y administración fraudulenta, tras acusarla de haber ocultado documentos en favor del Estado.

El caso surge de la denuncia de la ex jueza Marta Susana Catella, apoyada por el CELS, que cuestiona su destitución como magistrada. La denuncia sostiene que Pochak, al haber sido directora adjunta del CELS, comprometió su imparcialidad al patrocinar el caso, en el que se alega que se ocultaron «30 kilos de pruebas» en contra del Estado.

El gobierno de Javier Milei, representado ante la CIDH, rechazó las acusaciones, destacando que Catella ejerció su derecho a defensa y accedió a recursos judiciales. Según el funcionario, el Estado omitió enviar los documentos al organismo internacional, lo que generó una «inacción inexplicable».

Mientras, el kirchnerismo intenta que la CIDH acepte un reclamo de Cristina Kirchner por su condena a prisión y inhabilitación. La denuncia de Pochak se sumó a la tensión política, que pone en duda la imparcialidad de la CIDH en asuntos relacionados con la Argentina.

El caso refleja la confrontación entre el gobierno actual y el kirchnerismo, con implicaciones para la credibilidad de la CIDH. La investigación sobre los supuestos conflictos de interés de Pochak podría afectar la percepción de la institución en asuntos judiciales internacionales.