El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó públicamente las declaraciones del alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, quien anunció en un video que instaló rastreadores en donaciones hechas a zonas afectadas por el terremoto de 2016. El funcionario venezolano calificó la acción como «miserable» y acusó al panameño de «peculado» y «fraude», al tiempo que recordó su condena por delitos similares en Colombia.

Mizrachi había explicado que los rastreadores, de tipo «AirTags», eran un mecanismo para garantizar que las donaciones no se malgastaran. Sin embargo, su enfoque generó controversia al sugerir que una parte de los envíos no llegaba a La Guaira, donde se concentraba la población más afectada. En una segunda publicación, el alcalde señaló que algunos paquetes terminaban en Maturín, a 531 kilómetros de la zona epicentral, sin aclarar si esto implicaba un desvío de recursos.

El terremoto de 2016, que destruyó gran parte de La Guaira, motivó un esfuerzo internacional de ayuda. Mizrachi, en su rol de alcalde, coordinó donaciones desde Panamá, pero su decisión de monitorear los envíos generó críticas por la falta de transparencia. En la declaración de Cabello, se resalta el enfoque político de la discusión, ya que el ministro no solo abordó la cuestión técnica, sino que también vinculó la acusación al pasado judicial de Mizrachi, quien fue detenido en Colombia en 2015 por un presunto fraude.

El conflicto refleja una tensión diplomática entre Venezuela y Panamá, donde la ayuda humanitaria se ha convertido en un tema sensible. Mizrachi siempre negó que su detención en 2015 fuera política, afirmando que la investigación se centró en su administración de fondos públicos. Sin embargo, el ministro venezolano no lo dejó en paz, usando el caso como argumento para cuestionar su legitimidad. Esta situación pone en evidencia los desafíos de garantizar la confianza en las redes de asistencia internacional, especialmente en contextos de crisis.

La tensión entre ambos países resalta el desafío de garantizar la transparencia en la distribución de ayuda humanitaria en regiones afectadas por crisis.