La audiencia del juicio por el caso Cuadernos abordó el circuito de sobornos entre exfuncionarios del kirchnerismo y empresarios contratistas del Estado. Entre los temas centrales, se destacó el análisis de la fiscalización de empresas y el desvío de recursos. La obra en cuestión, ubicada en la localidad minera de Río Turbio al noroeste de Río Gallegos, fue licitada en 2008 y nunca se concretó.

La fiscalía señaló que el caso incluye cohechos pasivos y activos, con empresas acusadas de pagar coimas. Entre ellas, Isolux Corsán, firma española adjudicataria de la Usina Térmica de Río Turbio. Esta obra, que debía modernizar la producción de carbón para generar 240 Mw, fue vinculada a un desvío de 256 millones de pesos. En 2017, Julio De Vido fue procesado por este delito.

Durante el debate, Verónica Iglesias, contadora del ARCA, relató que en 2016 fue supervisora de fiscalización y en 2017 fue promovida. La fiscal Fabiana León le consultó sobre el origen del CUIT de una Unidad de Trabajo Ejecutiva (UTE) integrada por Isolux Corsán y otras empresas. La empresa española, según documentos presentados, figuró como parte del circuito de sobornos que se investiga.

La fiscalía continúa indagando en el movimiento de dinero y la participación de empresas en el caso Río Turbio, que se convirtió en un símbolo de la corrupción durante el kirchnerismo. La audiencia resalta la complejidad del esquema de sobornos que involucra a exfuncionarios y contratistas.