Griselda Inés Ortiz, de 45 años, ex policía de la Bonaerense, se dedicó a reclutar argentinos para participar en la guerra en Ucrania. En sus redes sociales promovía la experiencia como «aventura heroica», pero la oferta real era otra: 1.000 dólares mensuales más un bono de 700 si se ubicaba en la primera línea de fuego. La ex policía, que en su rol oficial cobraba 1,2 millones de pesos de básico, no solo superó esa suma con el trabajo en el frente, sino que también se convirtió en intermediaria para envíos masivos hacia el conflicto.

Según el fiscal federal Sergio Mola, Ortiz y su novio enviaban grupos de 10 a 15 personas a Ucrania, pagando sus pasajes con fondos cuya procedencia no se ha aclarado. El viaje era sin regreso: quienes se inscribían debían quedarse al menos seis meses. Si intentaban abandonar el país, enfrentaban amenazas de deserción o una indemnización de 2.500 dólares. Muchos reclutados no tenían celular propio «por miedo de que se comuniquen con el enemigo» y algunos ni siquiera poseían pasaporte.

El contrato real, que nunca se mostraba antes del viaje, establecía un compromiso de tres años para formar parte de una fuerza especial de apoyo a las tropas ucranianas. Algunos de los reclutados tenían experiencia previa, como ex militares o integrantes del Grupo Halcón, pero otros apenas habían cumplido la mayoría de edad. Estos últimos, al menos 15, recurrieron a la embajada argentina para pedir ayuda. La mayoría no tenía idea de lo que les esperaba en el frente, lo que generó una situación de vulnerabilidad.

La detención de Ortiz se realizó en su domicilio de Tigre, donde fue encontrada tras una operación judicial. La fiscalía investiga la red de reclutamiento y el uso de recursos no claros. El caso resalta la complejidad de la migración ilegal en contextos de conflicto, donde jóvenes sin recursos pueden caer en esquemas que prometen ganancias pero ocultan riesgos.

La investigación revela cómo una ex policía aprovechó su posición para impulsar un negocio ilegal, poniendo en riesgo a jóvenes que buscaban oportunidades en un contexto de crisis. La justicia continúa indagando los vínculos financieros y la responsabilidad en la organización del reclutamiento.