El fiscal federal Gerardo Pollicita avanza en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, centrándose en desajustes entre los gastos en dólares declarados por Manuel Adorni y los registros contables del contratista Matías Tabar. La controversia gira en torno a la refacción de la casa del Jefe de Gabinete en el country Indio Cua, cuyo costo oficial se eleva a 249.000 dólares, aunque se cuestiona si superó los 179.000.

Un punto crítico es la adquisición de una propiedad en Exaltación de la Cruz, omitida en la declaración jurada del año 2024. La escrituración se realizó por 120.000 dólares, de los cuales 20.000 provinieron de Adorni y su esposa Bettina Angeletti. Los 100.000 restantes se financiaron con un préstamo en efectivo de Graciela Molina y su hija Victoria Cancio.

Adorni pagó 30.000 dólares de la deuda, pero debe cancelar los 70.000 restantes más un interés del 11% antes de noviembre. La rectificación de la omisión en la declaración jurada ocurrió este año, como consecuencia directa de la investigación.

En su patrimonio del 2024, Adorni declara la casa por 88.594.824,95 pesos, poseyendo el 50% del inmueble. Originalmente, había omitido su participación, declarando el 100% a su esposa. La propiedad, consignada en su última declaración, fue adquirida con ingresos propios y un crédito otorgado por Molina.

La investigación revela una compleja red de transacciones que cuestionan la precisión de las declaraciones patrimoniales de Adorni, abriendo nuevas líneas de indagación sobre la legalidad de sus operaciones.