La AP-7, conocida como «la autopista de los camiones», ha dejado de ser una vía para viajes largos tras la eliminación de sus peajes en 2021. Ahora, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible evalúa si reintroducir tarifas o invertir 500 millones de euros en ampliarla. Esta decisión surge tras años de congestión en los tramos más poblados de Barcelona, donde el tráfico mixto —automóviles, camiones y buses— genera atascos diarios y colapsos estacionales.

Los planes incluyen la construcción de nuevos carriles en cuatro tramos de la autopista. El más avanzado es el tercer carril entre L’Hospitalet de l’Infant y Amposta, con más de 38 km de extensión. También se analiza un cuarto carril entre la B-23 y Martorell, un acceso clave a la capital, con un costo estimado de 94 millones. Dos proyectos adicionales, entre Sant Celoni y Montornès del Vallès, y entre Martorell y Vilafranca Centre, son nuevos y aún en etapas iniciales.

La crisis de movilidad en la AP-7 no solo afecta a particulares. Según datos de 2025, 15.000 camiones cruzan diariamente la frontera por La Jonquera, un volumen que excede la capacidad de la vía. El Ministerio y la Generalitat coinciden en que el ferrocarril debería absorber parte de esta carga, pero hasta ahora no se han implementado soluciones concretas. La falta de alternativas ha convertido a la autopista en un eje de transporte crucial, pero también en un foco de tensiones entre distintos usuarios.

El debate sobre los peajes se enmarca en un contexto más amplio de gestión de infraestructuras. La AP-7, aunque históricamente pensada para largas distancias, ahora soporta más del 50% del tráfico de la zona metropolitana. La decisión final —tarifas o expansión— podría marcar un cambio en cómo se aborda la movilidad en Cataluña, donde el equilibrio entre transporte público, carreteras y ferrocarriles sigue siendo un desafío.

La elección entre recuperar peajes o ampliar la AP-7 refleja una tensión entre financiar infraestructura y redistribuir el tráfico. Mientras se avanza en los estudios, el ministerio y la Generalitat deben encontrar un modelo que no sobrecargue a los usuarios finales.