Gobierno venezolano libera tras 16 años a jueza acusada de «corrupción espiritual»
La familia de María Lourdes Afiuni confirmó que la decisión cierra un caso que fue calificado como persecución política. La jueza, detenida en 2009, fue liberada tras una condena de cinco años que no se cumpliera.
Una libertad con condiciones
La jueza María Lourdes Afiuni, quien fue liberada formalmente este viernes, permaneció bajo restricciones durante años. Según su hermano, Nelson Afiuni, y la abogada Thelma Fernández, la decisión «cierra un caso que nunca debió existir». Aunque obtuvo libertad plena, la familia destacó que durante décadas sucedió una «persecución» que limitó su movilidad, comunicación y derecho a votar. «No tenía pasaporte ni podía participar en actividades políticas», precisó Fernández. La liberación, según ellos, no borra el sufrimiento vivido, pero marca el fin de un capítulo marcado por la violación de derechos humanos.
La trama legal y el contexto político
La detención de Afiuni en diciembre de 2009 fue un episodio emblemático de la crisis judicial en Venezuela. La jueza había otorgado libertad bajo fianza al banquero Eligio Cedeño, acusado de operaciones ilegales. El expresidente Hugo Chávez, quien falleció en 2013, la criticó públicamente y exigió una pena máxima de 30 años. Afiuni estuvo en prisión hasta 2011, cuando pasó a arresto domiciliario, y en 2013 obtuvo libertad condicional. En 2019, fue condenada a cinco años por «corrupción espiritual», término que la fiscalía reconoció no tener base económica. La condena, sin embargo, nunca se cumplió, y la decisión de cerrar el caso se produce tras años de impunidad.
Un símbolo de la crisis judicial
La historia de Afiuni se convirtió en un símbolo de la debilidad de la independencia judicial en Venezuela. Su caso, abordado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reflejó cómo la justicia se convirtió en herramienta política. «Esta liberación no es solo una victoria personal, sino un reconocimiento del daño causado», señaló el hermano de la jueza. Aunque el gobierno justificó el cierre del caso como «finalización de un proceso», críticos lo ven como un intento de recuperar la imagen de la institucionalidad. Para la familia, la decisión es «un paso hacia la restauración de la justicia, aunque no basta para sanar los daños».
La liberación de María Lourdes Afiuni cierra un capítulo trágico, pero su caso sigue siendo un referente de la crisis institucional en Venezuela. Mientras el gobierno afirma haber cumplido con el debido proceso, la comunidad internacional sigue monitoreando el impacto de esta decisión en el sistema judicial del país.
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