La retórica de Rubio sobre la CPI

El secretario de Estado, Marco Rubio, reafirmó durante una reunión del Gabinete en Camp David que la Corte Penal Internacional (CPI) es una «organización francamente ilegítima» y acusó a sus integrantes de ser «arrogantes». Su intervención ocurrió tras la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien está bajo una orden de detención internacional por crímenes de guerra. Rubio criticó que la CPI pueda «acusar a cualquier líder mundial y llevarlo a La Haya», lo que, según él, pone en riesgo a militares y políticos de distintos países.

El contexto de la retirada de Venezuela

La retirada de Venezuela de la CPI, anunciada semanas atrás, fue clave para el discurso de Rubio. Aunque Estados Unidos no es miembro de la Corte, el hecho de que Netanyahu viajara a Washington sin riesgo de ser detenido resalta la percepción de que la CPI «se vuelve ilegítima incluso para quienes no son sus miembros». Rubio explicó que decenas de países han decidido abandonar la Corte de forma independiente, lo que, según él, refleja un rechazo global a su legitimidad. «Los líderes no pueden ser juzgados por un tribunal que no respetan», sostuvo.

Implicaciones para la política internacional

Rubio destacó que su crítica no se limita a la CPI, sino que forma parte de una estrategia más amplia. En el marco de una reunión con más de 60 países sobre «terrorismo y violencia de extrema izquierda», el funcionario prometió impulsar «una iniciativa para poner a esa Corte en vereda». Su enfoque se centra en deslegitimar la institución, algo que, según su argumento, podría proteger a estadounidenses y aliados de acusaciones formales. No obstante, expertos advierten que el rechazo a la CPI no solo afecta a Estados Unidos, sino que también refleja tensiones entre potencias que cuestionan su autoridad.

La postura de Rubio resalta un creciente descontento con la CPI en múltiples países. Si bien su crítica no es nueva, el apoyo de decenas de naciones en su retirada sugiere un cambio en el mapa geopolítico. La cuestión plantea desafíos para la institución, que enfrenta el dilema de mantener su autoridad en un mundo cada vez más escéptico.