Gobierno acelera desalojos por impagos: novedades en ley de inquilinos

¿Qué cambia en la ley de desalojos?

El proyecto de ley que debate el Senado busca simplificar y acelerar los procesos judiciales para desalojar inquilinos que no pagan alquileres o cuyos contratos vencieron. La medida, que se discute en el marco de una crisis de vivienda y subida de precios, introduce cambios en dos códigos legales: el Civil y Comercial y el Procesal Civil y Comercial. Entre los puntos clave, se establece que los juicios de desalojo deben tramitarse bajo el procedimiento sumarísimo, el más rápido permitido por la ley. Además, se amplía la legitimación para que cualquier persona que invoque un derecho afectado pueda iniciar la acción, sin necesidad de ser el dueño del inmueble.

Desocupación anticipada y sanciones por ocultar información

Una de las novedades más polémicas es la posibilidad de obtener una desocupación inmediata del inmueble sin esperar una sentencia definitiva. Para ello, el propietario debe solicitar la medida bajo caución juratoria, es decir, presentando garantías para evitar que los inquilinos sufran daños. Si el contrato prevé un mecanismo de restitución, el juez lo aplicará; en caso contrario, se usará el procedimiento general que permite ordenar la entrega anticipada cuando el derecho invocado sea verosímil. La ley también incluye una sanción para evitar pedidos indebidos: si se demuestra que el propietario obtuvo la medida ocultando documentación o pagos, enfrentará consecuencias.

Críticas de organizaciones de inquilinos

Las asociaciones como Inquilinos Agrupados cuestionan la iniciativa, calificándola como una «ley que elimina las pocas garantías que inquilinos e inquilinas de vivienda y tierra puedan usar para defenderse en un juicio de desalojo». Para ellas, la medida favorece a los dueños y no garantiza la estabilidad de los contratos. «No hay un equilibrio entre la protección del inquilino y los derechos del propietario», argumentan. En cambio, el gobierno defiende que la ley busca resolver un problema urgente: la acumulación de casos de impagos que saturan los tribunales y dificultan la recuperación de bienes.

La discusión de esta ley se suma a una crisis inmobiliaria que, en el primer semestre del año, registró un 25% más de desalojos que en 2022. Si se aprueba, los dueños podrían recuperar inmuebles en días, no semanas, pero los inquilinos temen perder herramientas para defender sus derechos. La decisión final dependerá de la votación en el Senado, donde la oposición ha anunciado que hará un esfuerzo para frenar la reforma.