El gobierno provincial de San Luis avanzó este martes con un pedido de remoción de la jueza Cynthia Liliana Fernández Paz, a cargo del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental 5, por un fallo que impuso al Estado el pago de más de mil millones de pesos en honorarios de abogados. La decisión fue avalada por el gobernador Claudio Poggi, quien acusó a la magistrada de haber ordenado «una regulación estrafalaria, desmedida y grotesca de honorarios contra el Estado Provincial».

La controversia surge de una causa iniciada por la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani, una comunidad vecinal de la localidad de Juana Koslay. En 2023, el anterior gobierno del peronista Alberto Rodríguez Saá adjudicó la construcción del Parque Acueducto Vulpiani a la empresa Serving SRL, con una inversión prevista de 1.800 millones de pesos en un predio de 12 hectáreas. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a materializarse.

La jueza admitió en marzo último la regulación de honorarios de los abogados Gustavo Alfredo Quiroga e Ivana Romina Muzevich, que llevaban la causa contra el Estado. El cálculo de honorarios, según el expediente, fue de 93.000 JUS, equivalente a 3.900 millones de pesos. Esto generó un total de 1.198.961.208 pesos a cargo del Estado, distribuidos entre los abogados que actuaron en la primera etapa del proceso y luego renunciaron.

Poggi calificó la decisión como «una suma superior a los 1.000 millones por el daño ambiental que podría haber producido una obra que nunca se realizó», denunciando un «abuso de poder judicial». El gobierno provincial argumenta que la orden de honorarios carece de fundamento, ya que el proyecto no se ejecutó y no existió daño ambiental.

El caso refleja una tensión entre el poder judicial y el ejecutivo en materia de responsabilidad por daños ambientales, con implicaciones en el gasto público y la aplicación de la ley. La resolución judicial continúa en discusión ante los tribunales.