La Justicia de Estados Unidos incautó los celulares de Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y otros dirigentes de la entidad durante el regreso de la selección argentina tras la final del Mundial 2022 ante España. El operativo, liderado por agentes del FBI, se desarrolló en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y causó una demora de dos horas en el vuelo charter de Aerolíneas Argentinas que trasladó a la delegación al país.

La medida forma parte de una investigación que examina la estructura financiera de contratos internacionales de la AFA, incluyendo presuntos delitos de evasión fiscal y lavado de dinero. Entre los investigados se encuentra TourProdEnter, empresa con sede en Miami y vinculada al empresario Javier Faroni, que recibió millones de dólares en publicidad de la selección, como Adidas, sin que esos ingresos se hayan registrado en los balances oficiales de la AFA.

Tapia, junto con Leandro Petersen (encargado del marketing de la AFA) y otros directivos, fueron llevados a un espacio privado donde funcionarios judiciales les pidieron los dispositivos electrónicos. El procedimiento se concretó minutos antes de que la delegación partiera, generando preocupación entre los miembros de la selección y su entorno. Según fuentes consultadas, la operación refleja la intensificación de la fiscalización en la gestión financiera de la AFA, que ha sido cuestionada por su modelo de contrataciones y transparencia.

El presidente de la AFA fue citado a declarar el 30 de julio ante la Corte del distrito sur de Florida, donde se investiga su rol en la gestión de contratos comerciales de la institución. Además de su comparecencia, la Justicia le pidió información sobre la empresa TourProdEnter, que estaría ligada a operaciones no declaradas en el balero de la AFA. La investigación abre nuevas líneas de análisis sobre la posible manipulación de recursos públicos y la responsabilidad de los dirigentes en la administración de la entidad.

La operación judicial en EE.UU. subraya la complejidad de la gestión financiera de la AFA, que enfrenta demandas por irregularidades en contratos internacionales. La incautación de dispositivos electrónicos de dirigentes clave marca un avance en la fiscalización de prácticas que podrían estar en desacuerdo con normas contables.