Este miércoles, a las 12, el jefe de Gabinete nacional Diego Santilli y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmarán en la Casa Rosada un convenio que pone fin a una disputa institucional de décadas. La Ruta Nacional A012, que forma el anillo vial alrededor de Rosario, será administrada directamente por la provincia durante 20 años, una decisión que marca un cambio en la relación entre la Nación y las provincias. La transferencia incluye el mantenimiento, la conservación y la inversión en obras, una responsabilidad que la Nación había dejado pendiente por años.

La Ruta A012 es clave para el traslado de cargas, conectando el puerto de Rosario —donde se embarcan cerca del 80% de las exportaciones agrarias— con rutas nacionales y provinciales. Su deterioro había generado reclamos de productores, intendentes y usuarios, quien denunciaban retrasos en obras y falta de inversión. «Esta cedencia permite a la provincia actuar con recursos propios, algo que no era posible antes», explicó un funcionario del Ejecutivo provincial.

El trazado de la A012 abarca desde la Ruta Nacional 9, en Pueblo Esther, hasta la Ruta Nacional 11, pasando por localidades como Piñero, Zavalla y San Lorenzo. Evita el tránsito pesado por zonas urbanas, reduciendo riesgos de accidentes y congestión. Su estado actual, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, afecta la competitividad del sistema productivo, los tiempos de entrega y la seguridad vial.

La medida se inscribe en un contexto de tensiones entre la Nación y las provincias sobre la gestión de infraestructura. En las últimas semanas, el Ministerio de Transporte había negado la concesión de la ruta como parte de un proyecto con el Estado provincial, tras rechazar una propuesta que incluía fondos federales. Esta nueva solución, sin embargo, permite a Santa Fe actuar con autonomía, algo que se espera fortalezca la logística regional y reduzca el impacto en la economía.

La transferencia de la Ruta A012 a Santa Fe podría acelerar la modernización de una vía estratégica para el comercio argentino, pero su éxito dependerá de la capacidad provincial para invertir y mantener la infraestructura en condiciones adecuadas. La medida también abre un precedente para futuras negociaciones entre el Estado nacional y las provincias en temas de infraestructura.