La panadera Roxana Quispe, de 42 años, repite con ansiedad la frase «que venga acá» mientras espera el cambio de gobierno en Perú. Vive en Ventanilla, un barrio pobre de las periferias de Callao, donde la inseguridad se hace sentir en cada rincón. El lugar, llamado igual que la presidenta Keiko Fujimori, es un testimonio de la lucha entre la esperanza y la desesperación. «Le tengo mucha fe», dice Quispe, quien recibió mensajes extorsivos en su celular y busca que la mandataria cumpla su palabra.

La crisis de violencia en Perú alcanzó un pico récord: en 2025, los homicidios pasaron de 1.000 a 2.600, mientras las denuncias por extorsión multiplicaron su número por ocho. Fujimori, elegida en una estrecha victoria sobre el izquierdista Roberto Sánchez, enfrenta un desafío inmenso. Su partido, Fuerza Popular, tiene raíces en el pasado autoritario de su padre, Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo régimen legitimó invasiones de terrenos sin servicios básicos.

El barrio de Ventanilla, ubicado en las lomas arenosas del Callao, fue fundado en 1996 por más de un centenar de familias. Allí, la historia se entrelaza con la política: una farmacia, una cancha de fútbol y un comedor popular también llevan el nombre de Keiko. Los muros y postes aún guardan restos de la publicidad electoral de Fuerza Popular. «Es una manera de agradecimiento», afirma César García, uno de los fundadores y ferviente fujimorista. En ese espacio, el clan Fujimori no solo se impuso políticamente, sino que se convirtió en una figura simbólica de resistencia.

Aunque la elección dividió al país, en Ventanilla la mayor parte apoya la mandataria. Para los residentes, su gobierno representa un cambio necesario. Sin embargo, el camino está lleno de obstáculos: el desempleo, la falta de servicios y la presencia de bandas criminales que controlan el sicariato. La esperanza de Quispe y otros residentes se basa en que la mano dura prometida se transforme en acciones concretas, o el barrio seguirá siendo el reflejo de un país en conflicto.

El desafío de Fujimori no solo es político, sino también social. En barrios como Ventanilla, la demanda de seguridad se entrelaza con la memoria de un pasado turbulento. La presidenta deberá demostrar que sus promesas no solo son palabras, sino un compromiso con la vida de quienes viven en las periferias del poder.