La ex presidenta Cristina Kirchner anunció este miércoles su decisión de acudir al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para revisar su condena por la causa Vialidad, que le impone seis años de prisión. En una serie de artículos publicados en medios internacionales como *El País* y *Liberation*, y en una carta abierta en redes sociales, explicó que busca un «juicio imparcial e independiente» que respete principios universales de justicia. La medida surge tras semanas de críticas por la percepción de politización del sistema judicial en Argentina.

En el texto, Kirchner sostuvo que los jueces que participaron en su proceso serán «sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos». «Allí deberán responder no ante un gobierno ni un partido político, sino ante principios universales de independencia judicial, debido proceso y protección efectiva de los derechos fundamentales», afirmó. La estrategia busca garantizar que su caso sea analizado «con el rigor jurídico que merece», según destacó la ex mandataria, quien cumplió su condena en su domicilio de San José 1111, en Constitución, desde junio.

El recurso será gestionado por el abogado español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim, uno de los defensores de Lula da Silva. «Dos abogados extranjeros de reconocido prestigio internacional, con una trayectoria independiente y ampliamente respetada en la protección de los derechos humanos», destacó Kirchner en su carta. La elección de peritos de otros países busca, según su argumentación, neutralizar «la influencia política» en el proceso judicial.

La postura de Kirchner se enmarca en un escenario de tensión entre el poder judicial y la política en Argentina. Su defensa insiste en que la condena «no se trata solamente de un caso particular», sino de un «ejemplo del costo democrático de la politización de la justicia». Este reclamo se suma a la controversia generada por la Causa Vialidad, que involucra a la ex presidenta por supuestas irregularidades en un proyecto de pavimentación en San Juan. La audiencia ante la ONU está programada para el próximo mes, marcando un hito en la relación entre la política y el sistema internacional.

La audiencia ante el Comité de Derechos Humanos está prevista para julio, lo que podría generar un nuevo escenario de discusión sobre el rol de la justicia en el ámbito nacional y su conexión con organismos internacionales.