La Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, enfrenta un debate interno sobre su estructura. De los trece jueces requeridos, solo nueve cargos están cubiertos, mientras una de sus cuatro salas permanece vacante. El Ministerio de Justicia, bajo la conducción del secretario de Derechos Humanos, analiza si es necesario reducir la cantidad de magistrados, en lugar de completar las vacantes. Esta propuesta, aún en estudio, podría redefinir el rol de la institución en casos de corrupción, narcotráfico y trata de personas, donde ejerce jurisdicción previa a la Corte Suprema.

El concurso para llenar las vacantes fue convocado en 2018, pero desde entonces se multiplicaron las impugnaciones. Un listado de quince postulantes, incluidos abogados y magistrados, se encuentra en proceso judicial, con desacuerdos sobre su validez. El Consejo de la Magistratura, órgano que supervisa la selección, no ha emitido un pronunciamiento definitivo. «La consulta del Ejecutivo sobre una revisión integral del concurso es un señalamiento de que las vacantes podrían no ser prioridad», sostienen fuentes del sector.

La importancia de la Cámara radica en su poder de revisar condenas, absoluciones y procedimientos en casos complejos. En 2015, fue clave para reabrir la causa de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que terminó condenado por homicidio. También revocó prisión preventiva contra Cristina Kirchner y supervisó el decomiso de bienes en la causa Vialidad. «La presencia de jueces en estas salas no es solo técnica, es política», afirma un magistrado que participó en el concurso. «Las vacantes ponen en riesgo la continuidad de decisiones históricas de la institución».

La propuesta ministerial, si se implementa, implicaría un cambio en la forma de ejercer la jurisdicción penal. Las vacantes se dejarían sin llenar, lo que reduciría la carga de trabajo y posiblemente aceleraría casos. Sin embargo, expertos advierten que la fragmentación de la Cámara podría generar inconsistencias en decisiones anteriores. El debate se enmarca en una reforma más amplia del sistema judicial, cuya fecha exacta no está definida, pero que ya ha generado tensiones entre poderes.

La decisión sobre las vacantes de la Cámara Federal de Casación Penal podría marcar un hito en la reorganización del poder judicial, con implicaciones en casos emblemáticos y la continuidad de decisiones clave. Mientras se espera una respuesta del Consejo de la Magistratura, el gobierno se mantiene en observación sobre cómo definir el nuevo equilibrio institucional.